Los sanitarios tendrán un nuevo código de buenas prácticas

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley de Integridad y Ética Públicas de Aragón. Este documento busca incentivar la práctica de acciones de buen gobierno dentro de la Administración pública aragonesa y su ámbito de actuación también afecta a los trabajadores del Servicio Aragonés de Salud.

La ley pretende luchar contra la corrupción e intensificar el control sobre la actividad de los cargos públicos. Por ello, los empleados públicos deberán ajustar sus actuaciones al código de conducta y a los deberes previstos en esta normativa reguladora como pueden ser: dedicación al servicio público, eficacia, profesionalidad, integridad y responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas o ejemplaridad, austeridad y honradez, entre otros aspectos.

Además, esta nueva legislación recoge en su articulado cuestiones como el Régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades; el estatuto del denunciante, así como el régimen sancionador para aquellos que no cumplan con la norma.

La ley prevé la creación y regulación de una Agencia de Integridad y Ética Públicas que se encargará de vigilar el cumplimiento de la normativa, que aprobada por las Cortes de Aragón el pasado 1 de junio.

Entre sus objetivos también se encuentran impulsar la evaluación de políticas públicas como instrumento para garantizar su adecuado diseño y ejecución; establecer, a través del código de buen gobierno, los principios éticos y de conducta para las autoridades y cargos del sector público autonómico o establecer y fomentar el cumplimiento de los códigos de conducta de los
empleados públicos.

Según recoge la legislación, está previsto que "la Administración educativa impulse la realización de acciones de formación específicas tendentes a sensibilizar al profesorado respecto a los derechos y obligaciones previstos en la presente ley". En este sentido, las universidades del sistema aragonés integrarán gradualmente en sus enseñanzas contenidos relacionados con la integridad y la ética públicas para impulsar su difusión, conocimiento y seguimiento efectivos, incorporándolos a las guías docentes de asignaturas en titulaciones de grado o máster y a través de actividades académicas complementarias de carácter transversal.

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