La Organización Colegial de Enfermería reitera su rechazo a la privatización encubierta de la sanidad que supone la mal llamada "farmacia comunitaria" o "farmacia asistencial"
Los presidentes y presidentas de la Organización Colegial han respaldado de forma unánime las actuaciones desarrolladas hasta el momento para denunciar el intento encubierto de privatización de la Atención Primaria la mal llamada “Farmacia comunitaria” o “Farmacia asistencial”. Denuncian la irresponsabilidad de algunos consejeros de Sanidad porque están arriesgando el Sistema Nacional de Salud al dejar en manos de establecimientos privados y comerciales la atención que prestan médicos y enfermeros en el marco del sistema público.
Hoy se ha celebrado en Madrid una reunión informativa de presidentes y presidentas de la Organización Colegial de Enfermería de España para analizar los principales temas de actualidad de la profesión enfermera, de los pacientes y de la sanidad en general. Entre los temas tratados, los que más debate han suscitado entre los dirigentes y representantes de los Colegios Oficiales, Consejos Autonómicos y del Consejo General de Enfermería han sido la mal llamada “farmacia comunitaria” o “farmacia asistencial” y la situación actual del proyecto de Real Decreto de prescripción enfermera.
Los representantes de la Organización Colegial han respaldado de forma unánime las actuaciones y pasos dados hasta el momento para denunciar el intento encubierto de privatización de la Atención Primaria que supone el movimiento autodenominado “Farmacia comunitaria” o “Farmacia asistencial”. La enfermería española ha mostrado una vez más su voz unánime contra este intento de privatización de la sanidad pública que está encontrando el apoyo de algunas Comunidades Autónomas a pesar de no tener respaldo legal alguno. Mediante este movimiento, hasta ahora clandestino, algunas oficinas de farmacia están pretendiendo hacer actuaciones de carácter asistencial con los pacientes crónicos tanto en la botica como a domicilio. En este sentido, cabe destacar la clara pretensión de facturar por todos estos servicios a las arcas públicas, a las mutualidades o al propio paciente, tal y como han reconocido públicamente en varias ocasiones. Se trata de actuaciones con pacientes vulnerables que requieren de las garantías de independencia clínica que sólo pueden asegurar las profesiones médica y enfermera. Más si cabe cuando el cuidado de los crónicos es uno de los ejes de la actividad enfermera.
Los presidentes y las presidentas han mostrado su preocupación ante la actuación irresponsable de varias Comunidades Autónomas que ya están legislando en este sentido, buscando supuestos ahorros y basándose en estudios facilitados por los propios farmacéuticos que no cuentan con rigor científico ni con independencia ni la credibilidad suficiente para validar una iniciativa que va a afectar de lleno al Sistema Nacional de Salud, pilar fundamental del Estado de Bienestar español. Así, los presidentes y presidentas han vuelto a recordar que la especialidad de “farmacia comunitaria” no existe ni tiene respaldo alguno por parte de la legislación española y han recalcado que los especialistas en “Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria” tienen que superar una oposición del Estado y posteriormente estar dos años –hasta cinco años en el caso de los médicos- de residente en el Sistema Nacional de Salud, mientras que un farmacéutico que se hace llamar “comunitario” se autocalifica como tal sin control estatal ninguno. “Las enfermeras tenemos la obligación de velar por la salud de las personas y proteger la seguridad de los pacientes, y este mandato es el que nos lleva a denunciar esta situación, porque además de suponer una privatización injusta de la sanidad pública, conlleva un importante riesgo para los pacientes”.
La Organización Colegial de Enfermería ha mostrado una vez más su preocupación ante la irresponsabilidad de algunos consejeros de Sanidad de las diferentes Comunidades Autónomas que están haciendo peligrar el sistema sanitario al dejar en manos de unos establecimientos privados y comerciales la atención que prestan médicos y enfermeros en el marco del sistema público, sobre todo en el ámbito de la Atención Primaria. Una situación que carece de respaldo jurídico, conlleva un importante riesgo para la salud de las personas y supone una clara invasión de las competencias profesionales.
Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia están dando pasos importantes para sacar del sistema público y de los centros de salud, el seguimiento y control de pacientes crónicos y polimedicados, solicitando el acceso a la historia clínica del paciente y medidas como la revisión de los botiquines domésticos realizada, no olvidemos, por parte de personas que se ganan la vida con la dispensación y venta de medicamentos. La complejidad de muchos pacientes exige que tan sólo enfermeros y médicos sean quienes pueden garantizar la seguridad y salud de los pacientes, sin más interés que su propia deontología profesional.
Han sido varios los presidentes, presidentas y miembros de las juntas directivas que han mostrado su oposición ante el hecho de que un médico o una enfermera no pueda ser titular de una farmacia y prestar servicios asistenciales desde la más absoluta legalidad, siempre y cuando tengan un farmacéutico contratado que pueda prestar atención al público.
Prescripción enfermera
Respecto al actual proyecto de legalización de la prescripción de medicamentos y productos sanitarios que ya llevan a cabo las enfermeras en su trabajo asistencial diario sin el necesario respaldo jurídico, los presentes han coincidido en la necesidad de conseguir que haya una regulación legislativa cuanto antes. La Asamblea ha coincidido en la necesidad de que el actual Real Decreto de prescripción enfermera, pactado entre médicos y enfermeros, sea aprobado en el Boletín Oficial del Estado cuanto antes y en la necesidad de poner en marcha un dialogo con la Ministra de Sanidad y su equipo para concienciarles al respecto.
Asimismo, numerosos presidentes y presidentas han coincidido en que hay que ir más allá del actual proyecto de Real Decreto poniendo de manifiesto la necesidad de modificar la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y la llamada Ley del Medicamento para incluir a las enfermeras como profesionales prescriptores de medicamentos en iguales condiciones que los médicos, odontólogos y podólogos.
Modificar la LOPS
Finalmente, los representantes de las enfermeras españolas han mostrado también la necesidad de modificar igualmente la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) porque dicho texto lleva a cabo una definición incompleta de la profesión y una clasificación obsoleta de las profesiones sanitarias a nivel de licenciados y diplomados. Sin embargo, a día de hoy, los estudios de enfermería han pasado a ser un Grado Universitario de 4 años de duración y por tanto tiene el mismo nivel que las antiguas licenciaturas. Médicos, farmacéuticos y enfermeros tienen el mismo nivel académico: el grado universitario.