Voluntad del Gobierno de Aragón de corregir el “malentendido” de la Orden sobre investigadores principales

Representantes de la Plataforma del Grupo A se reunieron el pasado 22 de noviembre con la consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, así como con la directora de Innovación, María Teresa Gálvez. El encuentro tuvo lugar en la sede del Parlamento aragonés, lugar donde la Plataforma ha tenido gran protagonismo en las últimas semanas debido a sus reivindicaciones.

La reunión que se produce días después de que Pleno aprobase cambiar la Orden, vino a abordar la problemática surgida a raíz de la Orden de la consejería emitida el pasado año, recurrida por el Colegio de Enfermería ante los tribunales, acerca de qué personal investigador tenía potestad o no solicitar fondos europeos para sus respectivos grupos. Desde la Plataforma, representada en este encuentro por Enmanuel Echániz, vicepresidente de la Institución colegial, y Ana Asín, secretaria de organización de SATSE Aragón, el punto C del texto excluye a los antiguos diplomados al indicar que sólo pueden acceder los recursos los poseedores de la categoría A1.

Este argumento, en palabras de los intervinientes, fue respaldado por responsables del Servicio Aragonés de Salud y del ámbito universitario que entendieron dicho punto C como una clara discriminación para aquellas personas que, a pesar de poseer un doctorado, eran excluidas por ser funcionarios de categoría A2.

Sin embargo, en la reunión mantenida, tanto la consejera Alegría como la directora general Gálvez argumentaron que dicha exclusión no existe y que ésta, como tal, solo afecta a los “Organismos Públicos de Investigación”, denominados en la Orden como OPI. En Aragón, en la actualidad, hay tres centros que poseen esta denominación: el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y las entidades dependientes del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Según su versión, la exclusión del personal investigador enfermero era fruto de un “malentendido” o “malinterpretación” del articulado.

Ante este argumento, los representantes de la Plataforma aceptaron la idea de que la problemática generada se debiese a lo referido, una malinterpretación del texto. Por ello, tanto Echániz como Asín solicitaron una redacción mucho más clara y explicativa para evitar futuras confusiones.

Las responsables políticas aceptaron la propuesta e invitaron a los miembros de la Plataforma a participar en la redacción de la próxima orden enviando propuestas al futuro proyecto durante su periodo de exposición pública.

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