Las sociedades científicas enfermeras se posicionan en contra de que se lleve a cabo en las farmacias la realización de pruebas de antígenos

El posicionamiento está firmado por la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), la Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP), la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME), la Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo (AET), la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), el Grupo 40+ Iniciativa Enfermera (Grupo 40+) y la Sociedad Española de Enfermería en Geriatría y Gerontología (SEEGG).

Según reza el escrito: "Las farmacias son un recurso comunitario importante y muy necesario. No es menos cierto que prestan un servicio público primordial. Pero esta realidad no puede ni debe utilizarse de manera interesada. Porque estar en la comunidad lo que les otorga es la condición de recurso comunitario que puede y debe articularse con el resto de recursos comunitarios, muy especialmente con los de salud, para el desarrollo consensuado de estrategias que, finalmente, beneficien y den respuesta a las necesidades de las poblaciones donde se ubican".

Además, las farmacias son un servicio público, pero no son recursos públicos, sino privados, con lícitos intereses comerciales que no pueden interferir en la oferta de determinados servicios como el que se pretende y para el que no cuentan ni con la preparación adecuada ni la infraestructura necesaria que garanticen la seguridad de las personas y la calidad de las pruebas a realizar.

Las sociedades esgrinen que tanto las farmacias como quienes las regentan son fundamentales y garantizan un adecuado y necesario equilibrio en aspectos importantísimos para la salud de las personas. Pero dicha garantía debe circunscribirse a su ámbito competencial y, en todo caso, a aquellos aspectos que previamente analizados, reflexionados, debatidos y consensuados con el resto de agentes de salud que intervienen en cualquier proceso de salud-enfermedad, puedan ser incorporados como prestaciones que deben ser ofertadas como servicios públicos, gratuitos y evaluados en su conjunto con el resto de las prestaciones que, desde cualquier servicio de salud, se oferte en el ámbito del Sistema Nacional de Salud en el que se enmarcan y que es universal, accesible y gratuito.

Por todo lo dicho, consideran prioritario "un análisis sereno y riguroso que permita llevar a cabo la necesaria planificación en la que se articulen los diferentes recursos comunitarios para lograr potenciar al máximo las competencias y capacidades de cada uno de ellos, con el objetivo de ofrecer una atención de calidad".

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